El auto del juzgado estima que el Ayuntamiento ha saldado su deuda con una urbanizadora y no ha habido una “oposición tenaz, rebelde, obstinada o recalcitrante”
Albaida, 17-febrero-2011.- El alcalde de Albaida, Juan José Beneyto ha sido absuelto de una presunta desobediencia judicial según el auto dictado por el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Ontinyent. La juez del caso ha estimado que la cantidad reclamada por la mercantil Proingis ya ha sido satisfecha. La resolución judicial tiene en cuenta lo manifestado por la primera autoridad municipal al declarar que “la voluntad del Ayuntamiento era pagar, pero materialmente no podían”.
Paralelamente, y relacionado con el mismo caso, otro auto, esta vez del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Valencia también da la razón al Ayuntamiento de Albaida a la hora de establecer los intereses que la administración local deberá abonar a la misma mercantil y rechaza las pretensiones de Proingis la Costera S.L.
Criminalización
La primera autoridad municipal ha comparecido esta mañana en rueda de prensa junto al resto del equipo de Gobierno municipal y el asesor jurídico del Ayuntamiento, Joaquín Soler para explicar el contenido del auto que le absuelve de cualquier responsabilidad. Juan José Beneyto ha aprovechado la convocatoria para arremeter contra “los grupos de la oposición municipal que a costa de entrar en el plano personal y familiar han querido criminalizarme sin ningún tipo de escrúpulos con la única finalidad de sacar un rédito político”, ha subrayado el alcalde popular.
En otro momento de la rueda de prensa, Beneyto ha apelado a la “presunción de inocencia” y ha insistido en que “a pesar del juicio político al que me han sometido tanto el PSOE, como el Bloc, como algún medio de comunicación, al final la Justicia, aunque lenta pone a cada uno en su sitio”.
El sobreseimiento provisional dictado por el juzgado de Ontinyent razona que, por parte del alcalde no ha habido “resistencia del requerido a cumplimentar aquello que se ordena, esto es, la concurrencia del dolo de desobedecer”, tal como recoge el auto judicial.
Los hechos se remontan al año 2004 cuando el Ayuntamiento anuló el PAI industrial “El Ferrocarril” y la empresa urbanizadora recurrió dicha medida. La Justicia entendió que la decisión municipal no se ajustaba a la legalidad por lo que falló a favor de la mercantil y estableció la cantidad de 663.318,95 euros, IVA no incluido, en concepto de indemnización.
Pagos
Sin embargo, y por los motivos que ahora ha reconocido la juez del caso, el Ayuntamiento no pudo abonar la citada cuantía desde que la sentencia fue firme, en diciembre de 2007, hasta noviembre de 2008. En esta fecha se satisfizo un primer pago de 174.000 euros en noviembre de 2008; un segundo abono por importe de 126.000 euros en febrero de 2009; un tercero en junio del mismo año de 300.000 euros y finalmente se saldó la deuda en noviembre del mismo año con otra aportación de 169.449 euros.
Con estos pagos, el Ayuntamiento saldó la deuda que tenía con la mercantil. El motivo del auto que ahora se ha dictado tiene su origen en la solicitud que judicialmente realizó Proingis para la ejecución de la sentencia que obligaba al pago de la indemnización por parte de la administración local.
Sin embargo, cabe matizar que el actual equipo de Gobierno del PP tuvo que asumir las consecuencias de la paralización del PAI “El Ferrocarril” por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que la estancia judicial estimó que la adjudicación del proyecto cuando gobernaba el PSPV-PSOE se realizó de forma alegal. Por esta razón, fue el nuevo equipo de gobierno popular quien tuvo que asumir la indemnización.
Muestras de apoyo
Juan José Beneyto ha tenido palabras de agradecimiento cuando en un tono emocionado ha agradecido al equipo de Gobierno que lo acompañaba “todo el apoyo que he recibido de vosotros en momentos muy difíciles frente a unas acusaciones que de forma malintencionada han vertido sobre mi persona y que tanto daño han causado en el plano personal y familiar”. “En política –ha matizado el alcalde- no vale todo. Hay que ser respetuosos con las personas, respetar la presunción de inocencia y trabajar con responsabilidad y honestidad, con las manos limpias como lo estamos haciendo desde el grupo popular”.
Después de todo el proceso, la Justicia ha reconocido que “la cantidad reclamada ha sido satisfecha, salvo el pago de los intereses”. El auto también subraya que la voluntad del Ayuntamiento “era pagar, pero que materialmente no podían”. Para acreditar dicha afirmación el escrito de la juez se refiere a las “diversas reuniones que celebró el Ayuntamiento con el fin de acordar un calendario para hacer frente a diversos pagos fraccionados”.
En otro punto del auto que decreta el sobreseimiento de la causa constata que el alcalde “ha padecido una enfermedad” durante el tiempo por el que se le imputa la desobediencia “por lo que debe cuestionarse si puede imputarse al Sr. Beneyto Galbis una oposición tenaz, contumaz, rebelde, obstinada y recalcitrante al cumplimiento del mandato judicial”, señala textualmente el auto.
La resolución argumenta a favor de la primera autoridad municipal, “los escasos saldos del Ayuntamiento, pues el total de los gastos por nóminas de personal y de Seguridad Social, a fecha 2 de julio de 2010, es superior a los saldos existentes a su favor”.
Persecución política
El portavoz del grupo popular municipal, Robert Sala ha intervenido durante la rueda de prensa para defender la honorabilidad del alcalde y reiterar que “hemos estado, estamos y siempre estaremos al lado de nuestro alcalde frente a una persecución en toda regla de los grupos de la oposición, -subraya Sala- cuyo deseo hubiera sido ver a nuestro alcalde esposado, con la única finalidad de alcanzar una parcela de poder en el ámbito local, pero los vecinos sabrán poner a cada uno en su lugar el próximo mes de mayo en las urnas”, ha matizado el portavoz popular.
El abogado municipal, Joaquin Soler también ha valorado el auto. En este sentido ha manifestado que “está más que bien motivado”. El letrado ha abogado por comportamientos responsables “y no emitir juicios de valor porque la presunción de inocencia es un derecho que nos ampara a todos”. Soler ha insistido en la necesidad de respetar los cauces legales “sin condenas políticas ni personales al margen de la Justicia, porque el daño moral que se puede hacer es irreparable”.
Por lo que respecta a la pretensión de Proingis de ser indemnizada por los intereses legales generados, la Justicia también ha fallado a favor del Ayuntamiento por lo que éste deberá abonar la cantidad calculada desde la notificación de la sentencia en fecha 5 de diciembre de 2007, según se acredite en ejecución de sentencia, dando así la razón al Ayuntamiento.
Juan José Beneyto ha finalizado la comparecencia matizando que la próxima cita con las urnas “será el momento en que los albaidenses reconozcan que el equipo de Gobierno del PP trabaja por el interés del pueblo, por superar todas las dificultades, por mejorar la calidad de vida de todos, a pesar de los problemas que atravesamos, a diferencia del principal partido de la oposición que sólo mira por sus propios intereses”, ha concluido el alcalde.
